¿Es la Católica nuestra Iglesia Oficial?
En teoría, el tema de la relación entre política y religión, o entre Estado e Iglesias, debería ser muy claro; las Iglesias con sus asuntos por un lado y, por el otro, el Estado con los suyos. Sin embargo, en la realidad, las cosas son muchos más complejas. En primer lugar porque las iglesias no se ocupan únicamente de asuntos espirituales sino que siempre, de alguna manera, tienen doctrinas o posiciones sobre lo que los creyentes tienen que hacer en este mundo. En segundo, porque los gobiernos, para preservar libertades y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos, están obligados a regular la actividad social de las agrupaciones religiosas. O sea que en última instancia el tema de las relaciones entre el Estado y las iglesias es un asunto de permanente actualidad, ya que la decisión sobre cuál es el espacio legítimo de acción de las agrupaciones religiosas y hasta dónde debe el Estado intervenir para regular el espacio público de lo religioso es finalmente algo que siempre se está redefiniendo. Las reglas generales son claras y siguen siendo las mismas, pero la definición y los detalles sobre lo que esto significa es lo que se tiene que resolver de manera permanente.En todo esto, hay que recordar algo que podría parecer paradójico: en la época moderna, el Estado se separó de la Iglesia (o las Iglesias fueron separadas del Estado) precisamente para garantizar la libertad religiosa. Quienes inventaron el concepto moderno de separación fueron los independentistas o revolucionarios de las colonias norteamericanas. Eran todos o casi todos creyentes o deístas. Por lo mismo hacían referencia a Dios y se apoyaron precisamente en la necesidad de que existiera la libertad religiosa a la hora de proponer una separación entre el Estado y las iglesias. El argumento era muy sencillo:
1) las creencias religiosas y su práctica sólo pueden ser ejercidas por convicción y nunca forzadas;
2) todos los hombres son iguales y libres para tener y practicar la religión de acuerdo con los dictados de su conciencia;
3) nadie debe ser obligado a asistir o apoyar el culto o a los ministros de una religión diversa de la suya;
4) nadie debe ser molestado por sus convicciones opiniones o creencias religiosas ni afectar sus capacidades civiles (esto porque se prohibía en algunas colonias que miembros de algunas iglesias ocuparan cargos públicos;
5) en consecuencia, el gobierno no puede establecer ningún tipo de privilegio para alguna Iglesia o denominación y nadie está obligado a contribuir con sus impuestos a la reparación de algún templo o el mantenimiento de una Iglesia o de sus ministros de culto.
Eso era, en suma, la libertad religiosa.Y, sin embargo, hay quienes hoy quisieran darle un sentido distinto a dicho concepto, exigiendo prácticamente que el Estado se convierta nuevamente en el ejecutor, o por lo menos protector, principal de las doctrinas de una Iglesia. Por ejemplo, cuando la jerarquía católica exige que la instrucción religiosa se incluya en los programas de la educación pública. Se promueve una lógica que conduce, en última instancia, a la creación de una Iglesia nacional, oficial o semioficial. El caso no es tan extraño o tan poco común como podríamos creer. En Inglaterra hay una Iglesia nacional (la anglicana), la Iglesia luterana es también la oficial de algunos países nórdicos. Eso no impide que haya otras religiones, pero queda claro que una es la privilegiada o forma parte del Estado. Luego hay casos como el español donde la Iglesia católica recibe un tratamiento preferencial. También está el caso de las Iglesias cristianas ortodoxas mayoritarias, donde suelen tener un papel preponderante y reciben un trato privilegiado, como por ejemplo Grecia o Rusia. En este abanico de posibilidades, también están los casos donde en principio existe una separación, incluso formalizada en la Constitución, pero en los cuales alguna Iglesia recibe un trato privilegiado. La mayor parte de los países latinoamericanos es buen ejemplo de lo anterior.La excepción entonces es aquella de los países donde se encuentra una real separación entre el Estado y las Iglesias. Suelen ser lugares donde existió tempranamente una gran diversidad religiosa, como los Estados Unidos de América, o países donde se estableció una competencia fuerte entre dos Iglesias, con presencia de diversas minorías, como en los Países Bajos o en Alemania, o donde la lucha entre el Estado laico y la Iglesia católica condujo a una tajante separación, como en Francia, Uruguay, Cuba o México. Y aunque siempre he considerado que el caso mexicano es uno de los arquetipos de la separación, a veces me pregunto si no estamos en realidad más bien como muchos países latinoamericanos, donde la católica es una especie de Iglesia semioficial. Y no me refiero en particular al presidente Calderón, quien ha sido, por lo menos hasta ahora, particularmente cuidadoso en estos temas, sino a la enorme cantidad de funcionarios panistas, priistas y perredistas que todos los días, de muchas maneras, a nivel federal, estatal y municipal, tratan a la Iglesia católica como si fuera la oficial de nuestro país. Réquiem por la igualdad y la verdadera libertad religiosa que garantiza el Estado laico.
